El presidente Carlos Alvarado publicó la noche del viernes el veto total y contundente a la ley de pesca de arrastre. En español y en inglés, por aquello de las miradas externas, apeló al riesgo ambiental y al impacto económico sobre otras poblaciones para tomar una decisión que no resulta neutra en el juego político.

Se acaba octubre y empieza a asomarse la publicidad navideña, los cálculos del marchamo ahora rebajado y en el horizonte se ve el final de un año muy ingrato para la economía muchas familias, con el agravante de que no se miran aún luces claras de recuperación.

En alusión directa a quienes tienen la responsabilidad de adoptar decisiones estratégicas para evitar el naufragio que se ve venir encima, la Contralora General de la República Marta Acosta no deja margen de error. “En los poderes formales y en las dirigencias de las organizaciones de la sociedad civil, no parece existir… Ni la suficiente conciencia, ni la premura necesaria, ni la coherencia, ni la articulación para solventar la gravedad de la situación fiscal que experimenta el país”

El presidente Carlos Alvarado solo ha emitido dos vetos en su gobierno, ambos parciales y dirigidos a precisar un aspecto de las leyes en cuestión. No ha habido, hasta ahora, un rechazo completo como el que pide un grupo de diputados, ambientalistas, municipalidades y empresarios frente a la pesca de arrastre aprobada la semana pasada en el Congreso.

Que la Asamblea Legislativa haya decidido revivir la pesca de arrastre es -probablemente- el último de los problemas que necesitaba tener en su inmensa carpeta de problemas pendientes el Presidente de la República, de quien no pocos esperan ahora el acto heroico de un veto a la muy polémica ley de aprovechamiento del camarón sostenible.

Tras el estrepitoso desenlace que tuvo el debate del presupuesto ordinario de la república del próximo año en comisión legislativa, el Ministerio de Hacienda demostró que sí se podían hacer más ajustes al gasto público y presentó al Congreso una nueva disminución.