El presidente Carlos Alvarado solo ha emitido dos vetos en su gobierno, ambos parciales y dirigidos a precisar un aspecto de las leyes en cuestión. No ha habido, hasta ahora, un rechazo completo como el que pide un grupo de diputados, ambientalistas, municipalidades y empresarios frente a la pesca de arrastre aprobada la semana pasada en el Congreso.
El problema es ambiental y social, pero sobre todo político ahora que el Ejecutivo luce en debilidad. Nadie duda de que, conociéndose la opinión del mandatario contra la pesca de arrastre, las consideraciones para avalar la ley o vetarla pasan por el tamiz de la solvencia política.
Para esa supervivencia resulta indispensable el Congreso, donde 28 diputados votaron por reactivar ese método de extracción camaronera, aferrados al argumento de generar empleos en Puntarenas. Lo dijo este martes uno de los principales defensores de la ley, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, figura relevante para la conducción de proyectos entre Zapote y Cuesta de Moras.
Esa defensa también admite cuestionamientos, insisten los detractores de la ley, además de las objeciones ambientales del arrastre.
Justamente para escuchar esos los argumentos los invitamos a nuestro Hablando Claro con Marco Quesada, biólogo especialista en mares y pesca sostenible y director del Programa de Océanos para las Americas, y la diputada oficialista Paola Vega, una de las voces más críticas del proyecto.
