Algunos hechos se reflejan en las noticias y otros van bajo el agua, pero todos condicionan el ambiente político que marca la discusión de la agenda fiscal vinculada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las universidades públicas se aprestan a cerrar su segundo año de virtualidad a pesar del regreso presencial de muchas actividades, y particularmente del retorno hace meses de niños, niñas y adolescentes a preescolar, primaria y secundaria.

Latinoamérica es la región del mundo de menor crecimiento en progreso social en la última década y en el 2020 más bien retrocedió. Institucionalidad, inclusividad, seguridad y gestión libre de corrupción son anhelos comprometidos por una realidad de la que no escapa Costa Rica.

Lo de este domingo en Nicaragua -ya lo advertía la prensa internacional antes que terminara la pantomima de cerrar urnas y hacer el teatro de esperar resultados- ya era en cierta medida una copia de las elecciones del 2016. Ortega se declara ganador de las votaciones a las que se presentó sin rivales verdaderos, sin observadores internacionales verdaderos, sin prensa internacional. Y sobra decir, sin prensa local independiente en libertad de acción y movimiento. Todo parecido, aunque claro, cada vez más turbio, ilegítimo, violento y falso.

A 72 horas de consumarse la farsa electoral nicaragüense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió con urgencia al régimen dictatorial la liberación inmediata de todos los opositores; incluyendo por supuesto los siete candidatos presidenciales que obviamente no participarán en los maquillados comicios del domingo próximo.

Por amplia mayoría (7 de cada 10) los costarricenses avalan la obligatoriedad de la vacunación, tienen confianza en ella (9 de cada 10) y además estiman que las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias han valido la pena (casi 7 de cada 10).