En esta semana entramos formalmente a campaña electoral y no debería ser una mala noticia, aunque desde luego el ánimo está lejos de percibir que llegamos a una ‘fiesta electoral’ como se decía antes.

Acaba la semana en que el FMI avanzó consultas diversas sobre el (no) avance de los proyectos del acuerdo bilateral, en que los diputados le hicieron la cruz a la comisión que (no) investigaba la señalada penetración del narcotráfico en la política y en que se asomaron expresiones de rechazo a la vacunación anti COVID-19, ahora que se anuncia obligatoria para funcionarios y posiblemente muchos empleados de empresas privadas.

Nos asustamos en mitad del 2020 cuando el desempleo nacional llegó a 24 % y de alguna manera nos alivia que se reduce en cada nuevo reporte, pero cuidado con los detalles: ya se empieza a mirar en el horizonte el fin del 2021 y exactamente esa es la tasa de desempleo actual para las mujeres, aún cuando menos de la mitad de la población femenina busca o tiene una actividad remunerada. Y del total de las que tienen trabajo, casi un 20 % posee solo un tiempo parcial y desea laborar más horas.

La vacunación contra COVID-19 es obligatoria para trabajadores del Estado. Se dice fácil y se puede celebrar la medida, cuestionarla o someter a dudas por la posibilidad de ejecutarla, pero es una noticia relevante para Costa Rica, una decisión quizás única en América Latina.

Las celdas del OIJ están llenas de personas que deberían estar en cárceles regulares y las cárceles regulares están llenas con personas podrían pasar a un régimen abierto, según el Poder Judicial.

Después de dos semanas intensas en los principales partidos políticos del país ya conocemos la gran mayoría de candidatos a los puestos de elección popular. Ya podemos entonces estudiarlas, descartarlas o considerarlas.