Conmemoramos o vimos conmemorar este jueves el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y no podemos pasarlo como una fecha más, porque los factores históricos siguen vigentes y porque las nuevas dinámicas agregan realidades que también suelen cargarse contra ellas: más trabajo no remunerado, mayor brecha económica y más horas dentro del hogar a menudo violento.

El magistrado Luis Fernando Salazar fue reelecto para otros ocho años de mandato en una Corte Suprema de Justicia que atraviesa momentos delicados, donde el balance de poderes resulta crítico para asuntos mayúsculos, como la elección de la persona que dirigirá el Ministerio Público en estos tiempos donde la corrupción nos preocupa como hace tiempo no lo hacía.

A fuerza de escándalos el tema de la corrupción se va colando en la discusión electoral y le agrega complejidad a la campaña. Los equipos de los candidatos lo perciben y salen con reacciones que también dan para analizar y opinar, cómo no.

Aunque sean muchos los hogares en aprietos económicos y con dificultades de acceso a las necesidades básicas, es fácil identificar a las poblaciones que más atrás se van quedando: mujeres jóvenes y habitantes de las periferias.

Ya conocimos la nada sorprendente situación que nos presentó el Estado de la Nación, sobre el deterioro de las condiciones de vida de la población causado por la pandemia, sí, pero también por las tareas que por años Costa Rica dejó de hacer para evitar tanto rezago.

La desigualdad acelerada los últimos 20 años en el país se agravó con la pandemia y, para peores, la recuperación económica está profundizándola. A algún sector la pandemia le benefició y a otro lo acabó de hundir y amenaza con quitarle lo último que se pierde: la esperanza.