La canasta básica está puesta en el banquillo de los acusados. O, dicho de otro modo, el Ministerio de Hacienda al que nunca le toca el papel de bueno en ninguna película, sino todo lo contrario, se gana los epítetos por ponerle impuesto al consumo de brócoli, fresas, zuquini, jamón y pechuga de pavo, arroz y panes integrales, yogurt ligth y hasta al atún y los camarones.

Marcha atrás. Eso era lo que procedía para desechar la torpe y mal justificada intención de unos pocos diputados de someter al Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones a una comisión indagadora en represalia por la investigación de las desastrosas finanzas de la pasada campaña electoral de Restauración Nacional.

La Universidad de Costa Rica es una institución que, como referente de nuestra educación universitaria, genera pasiones en un sentido u otro en el marco del desarrollo del país y sobre todo en estos años de zozobra financiera.

No hay cuestionamiento hoy respecto del hecho de que el empoderamiento económico de las mujeres es clave no sólo para alcanzar equidad de género sino también desarrollo sostenible para la humanidad; es decir, para erradicar la pobreza y alcanzar crecimiento económico inclusivo.

El contrato de APM Terminals con el Estado indica que la multinacional holandesa debe transferir a Japdeva el 7,5% de los ingresos que genere la nueva megaterminal en Moín. El cálculo es de $20 millones anuales, equivalente a más de $1.000 millones al cabo de los 30 años de la concesión. Hasta aquí, bien por Limón.

No hay manera de darle mucha vuelta: los diputados decidieron “abrirle un expediente” al Tribunal Supremo de Elecciones casualmente unos días después de que el órgano electoral trasladara al Ministerio Público una acusación por el manejo de los fondos de campaña del Partido Restauración Nacional.