No hay manera de darle mucha vuelta: los diputados decidieron “abrirle un expediente” al Tribunal Supremo de Elecciones casualmente unos días después de que el órgano electoral trasladara al Ministerio Público una acusación por el manejo de los fondos de campaña del Partido Restauración Nacional.
No es asunto pequeño, y por tanto no debe pasar inadvertido. Por el contrario, se trata de un "procedimiento" que podría vulnerar la división de poderes y la consecuente solvencia de una de nuestras instituciones democráticas más importantes.
Bastaron los votos del diputado disidente de ese grupo Jonathan Prendas, de la liberacionista Franggi Nicolás y de un legislador afín al excandidato Juan Diego Castro en la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso para decidir encauzar una investigación política contra la entidad que debe velar por el uso correcto de los dineros públicos de las campañas electorales.
La justificación, entre otras, es que se requiere aclarar (políticamente) el manejo presupuestario y administrativo en el TSE, dado que supuestamente las explicaciones al respecto fueron "escasas" cuando el Presidente Luis Antonio Sobrado se sometió al proceso de reelección el mes pasado ante la Corte Suprema de Justicia.
La noticia no parece constituir un hecho aislado si repasamos algunos antecedentes y observamos factores adicionales que abordaremos con el politólogo Sergio Araya Alvarado.
