El Sindicato de Educadores Costarricenses, SEC -el más antiguo del país- se desmarca por ahora de los llamados a huelga que se ciernen sobre el horizonte para los próximos días. Si bien rechazan el empeño de algunos legisladores de declarar la educación como servicio esencial en la pretendida reforma laboral, tampoco creen que suspender lecciones sea una buena estrategia en este momento para lograr su propósito.

Para los gobiernos, todos son días para conducción política, pero estas semanas agitadas exigen mucha más asertividad y no siempre la podemos ver. Hay malestar de sectores variados, contrapartes difusas y un terreno de por sí difícil para cualquier gobernante. Hay también, parece, omisiones y desaciertos desde el Ejecutivo, que se ayuda poco.

A la Ingeniera Ireñe Cañas, le toca uno de los desafíos más grandes de los muchos que tiene el entramado de empresas estatales del país. Ella está al frente del enorme empeño para llevar adelante el proyecto de "liderar, fortalecer e impulsar" al ICE, la institución más apreciada de los costarricenses después de la Caja Costarricense Seguro Social.

Todo apunta a confirmar nuestras aprehensiones en el sentido de que las vacaciones de medio período apenas constituirían compás de espera para nuevos movimientos de protesta otra vez con camioneros, estudiantes y acaso educadores u otros grupos.

Con la prioridad del caso, la Ministra de Educación se reunió este jueves, por tres horas, con los líderes del recién constituido Movimiento Estudiantil de Secundaria. Los ocho acuerdos suscritos, sin embargo, no nos dan ninguna seguridad de tregua a las protestas previstas para el reinicio del curso lectivo porque resulta ser, dicen los colegiales, que deberán ir a consultar el documento a sus "bases regionales"...

¿Estará el frío en las cobijas? Si partimos de que en nuestro país las tasas de interés de las entidades crediticias (reguladas y no reguladas) son altísimas (sólo en tarjetas 7 de cada 10 cobran entre 40 y 50 % de interés anual) parece que tiene mucho sentido insistir -como actualmente plantean dos diputados- en la necesidad de fijar un tope único a la usura, de manera tal que se ponga límite a la "fiesta" de los prestadores de dinero y bienes de consumo.