Durante la tenebrosa noche y madrugada del 3 al 4 de noviembre del 2010, la naturaleza crujió y -literalmente- un cerro cayó sobre el poblado de Calle Lajas de San Antonio de Escazú. Una tragedia marcada con 23 víctimas mortales; 23 historias de vida que fuimos conociendo a lo largo de los dolorosos días subsiguientes y que cada año volvemos a recordar en el país con sensibilidad y compasión.

Hace ya largas semanas un tufo que orienta el olfato de la descomposición de la atmósfera social empezó a circundar el ambiente de la pequeña y compleja aldea democrática que somos.

Enriquecida la vida de los costarricenses con el invaluable aporte de aquellos que tras mucha deliberación y acaso algunos desencuentros, llegaron a la mayoritaria decisión de adherirse por su voluntad al pequeño país en forja, celebramos cada año -hasta contar ya 195- la Anexión del Partido de Nicoya.

En condiciones de deterioro extremo de la salud ¿deberíamos tener el derecho a decidir el fin de nuestros días? Esta es una pregunta severa, profunda, que ha estado presente en las sociedades humanas desde siempre. Algunos conglomerados han alcanzado acuerdo sobre los derechos de los pacientes y la terminación de la vida. Pero son más aquellos que no han logrado mínimos necesarios para delimitar el fin de la existencia por voluntad propia. Y sobra decirlo: este es un tema muy muy polémico.

El verificador de hechos noticiosos #NoComaCuento de La Nación reportó que durante el primer semestre del 2019, el porcentaje de noticias falsas en whastapp se duplicó respecto del mismo periodo del 2018.

“Tenemos que trabajar por encima de nuestras diferencias” es una frase loable y muy fácil de escribir. Lo realmente complejo es encarar los conflictos sin recurrir a la tentación de esconderlos bajo la alfombra o, peor aún, sin desacreditarnos y sin desconfiar unos a otros solo por pensar diferente.