Jueves 22 de abril: 1.776 contagios confirmados en las últimas 24 horas. Lamentablemente no hay sorpresa. Nos lo vienen advirtiendo las autoridades hace semanas. Lo estaban confirmando las cifras hace días. Primero superamos los mil casos diarios; ahora vamos hacia los 2.000.

Si fue una sentencia “coyuntural” o si marcará un antes y un después en la consolidación de los derechos humanos hacia sociedades más justas, tolerantes, equitativas e inclusivas -como muchos se plantean- eso está por verse.

Durante muchos años, ha sido un tema deliberado lejos de los reflectores públicos. El futuro de las telecomunicaciones en el país se discute ávidamente a diario entre la industria, compuesta por los operadores públicos y privados, móviles y fijos, y las autoridades del sector, el MICITT y la SUTEL. De estas discusiones, la gran audiencia nacional difícilmente se llega a enterar… hasta estas semanas que parte del foco de atención ha girado hacia el tema del 5G.

El sistema institucional de un Estado es sobre todo eso: un sistema. Aunque cada entidad tiene sus tareas, particularidades y su margen de acción propio (incluso sus propios valores de popularidad), la dinámica de poder hace que el trabajo de una institución repercuta en el de otras y en el funcionamiento del engranaje general del aparato público. Y nadie va a negar que un buen funcionamiento del aparato público es ideal para un Estado.

Mientras el 61% de los costarricenses no tiene partido político de preferencia (Borge y Asociados, febrero 2021) el 24.4% manifiesta simpatía por el PLN. En pocas palabras, hablamos de la agrupación que reúne más adeptos, la que genera más atención, la más grande en el universo de pequeños territorios que hoy pintan el panorama de la partidocracia nacional.

Se agita tanto la política que hasta se sacuden áreas que normalmente ni se inmutan. El sector de telecomunicaciones y sus tensiones se han visibilizado en las últimas semanas. Y eso tal vez sea una buena noticia.