La Asamblea Legislativa volvió a sesionar; por ahora. El nuevo parón provocado por los contagios de COVID-19 dejó en pausa una agenda crítica, ahora que casi todo es crítico. Lo menos que podemos esperar del Legislativo es responsabilidad para conducirse como contraparte del Ejecutivo que también tiene encima demandas desconfiadas y exigentes de la población (en toda una gama variada y contradictoria).

A finales de julio, a Estados Unidos le sobrarán 300 millones de vacunas contra el SARS-CoV-2. El dato estimado por el Centro de Innovación en Salud Global de la Universidad de Duke, llevó a sus especialistas a urgirle al gobierno del presidente Biden, compartir sus excedentes con los necesitados, que son casi todos los demás países del mundo, si consideramos que actualmente tres cuartas partes de los mil millones de vacunas que se han puesto, han correspondido tan solo a 10 naciones, que representan menos de la mitad de la población del planeta.

Catorce meses después de la declaratoria de estado de emergencia en nuestro país se abren fisuras en el comando de atención de la pandemia de Covid-19. Por un lado el Gobierno con medidas que considera balanceadas entre los agobios de la salud y los de la economía; por el otro autoridades de la CCSS que recogen la angustia del personal sanitario inundado de trabajo con pacientes graves y muertes cada hora.

Al corte dado a conocer este domingo por el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, más de mil (1.188) camas estaban destinadas a pacientes covid. Para tener una idea de cómo ha aumentado la ocupación, apenas 13 días atrás, el 27 de abril pasado, la ocupación era de 800 camas y ya para entonces se advertía de la inminencia de la saturación. Es decir, hoy, una de cada cinco camas de todos los hospitales del país están destinadas a Covid. Esa realidad implica que personas que requieren una cama de Cuidados Intensivos (covid o no) pueden estar esperando atención en una sala de emergencias y que para cuando haya una disponible, tal vez sea demasiado tarde. Eso es lo que significa la saturación hospitalaria. Que la gente puede morir en emergencias, sin haber accedido a la terapia y los cuidados sofisticados que requerían y que solo se encuentran en moderados, severos y críticos.

"Ya no hay leyes que limiten a Nayib Bukele. Y si las hay, serán irrespetadas, eliminadas o sustituidas. Él es la ley. Puede que millones de salvadoreños aún no se hayan dado cuenta, pero así muere una república y nace un régimen de naturaleza dictatorial".

Don Carlos Alvarado entra en la recta final de su mandato constitucional. Va perfilando por tanto el horizonte de atraque de un mar turbulento, pero con una nave (la institucionalidad del país) que aún tiene -aunque cada vez más estrechos- márgenes de maniobra. Por esos espacios, asegura, se pudo enfrentar en 2018 una crisis fiscal sin desmantelar el Estado Social de Derecho. Pero eso ya es historia. Aunque sea muy reciente.