Nuestra Corte Suprema de Justicia, pilar fundamental del Estado de Derecho de la institucionalidad democrática, opera con cánones gerenciales del siglo pasado. Cánones que reservan al dominio de la Corte Plena (entiéndase los 22 magistrados que la componen) una gestión que les permite mantener atado el poder de la gobernanza judicial; lo que afecta no solo la efectividad y la eficacia de sus funciones, sino que constituye incluso una amenaza a la propia independencia judicial.

Una idea optimista de inicios de la pandemia planteaba que esta emergencia nos forzaría a ser sociedades más solidarias, más justas, más tolerantes y con mayor claridad en las prioridades hacia el futuro.

Cae ceniza en las proximidades del Rincón de la Vieja. Obviamente se ha incrementado la actividad eruptiva. En realidad esto viene desde hace cuatro meses pero justo esta semana la Comisión Nacional de Emergencias debió poner en alerta a los moradores de Curubandé, Cañas Dulces y Mayorga de Liberia; lo cual ya había hecho desde enero con los vecinos de Dos Ríos y Aguas Claras de Upala.

El reporte COVID 19 del 3 de junio nos cayó encima como un balde de agua fría, con 52 nuevos contagios. Sobra decirlo: fue la jornada de mayor número de casos desde que llegó la pandemia al país y, aunque la situación sigue bajo control, la cifra constituye un recordatorio mayúsculo: el riesgo continúa.

Los esfuerzos por contener en lo posible la entrada del coronavirus por la extensa y porosa frontera norte, podría decirse sin exagerar que son titánicos. Sin descanso, 24/7 todas las policías del país, incluyendo refuerzos del Poder Judicial, observan puntos ciegos en tierra así como las aguas del San Juan intentando cerrar el paso a los indocumentados.

Es sabido que el Ministerio de Hacienda es una de las sillas más calientes del Ejecutivo. Ningún jerarca acepta el cargo pensando que no se quedará todo el cuatrienio. Pero lo cierto es que en ese puesto casi nunca ninguno logra acabar el periodo.