El presidente Carlos Alvarado ha sido objeto de 18 acusaciones penales; ocho de las cuales ya han sido desestimadas, precisó su abogado Rodolfo Brenes en nuestro #HablandoClaro de este jueves, después de la comparecencia del miércoles que -por cierto- aún deja mucho para analizar.

La jornada política de este miércoles será una de esas que se estudiarán por mucho tiempo. La foto es la del presidente Carlos Alvarado sentado en el plenario legislativo, sin sus abogados y sin prisas, respondiendo todo tipo de preguntas sobre la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y muchas otras especies.

Con todo y sus matices, distintas perspectivas y visiones, diversos sectores empresariales parecen coincidir en la necesidad de mantener el dedo puesto en el renglón respecto concretar un acuerdo de estabilización financiera con el FMI. Esto implica que en lo medular, hay un entendimiento de que ese eventual pacto -con todo y las prerrogativas de enmienda que tienen los diputados- debe ser aprobado en este año electoral. O, debería.

Si por la víspera se saca el día, lo que resta del año será tan movido política y socialmente hablando, como el inicio de este 2021. Empezando por sendas listas de aspirantes a las nominaciones partidarias y siguiendo con las asambleas formales o los conciliábulos informales del fin de semana último para definir los diferentes juegos de ajedrez.

En los últimos días la tarea fundamental de Hacienda es aclarar qué es lo que no buscan sus iniciativas de ley. Sí. Hacienda no busca convencer lo que pretende alcanzar, sino de lo que no persigue conseguir. ¿Entonces? Bueno, el recaudador de impuestos no quiere gravar las zonas francas. Tampoco -jura y perjura- pretende ponerle impuestos a los ahorros para la vejez; es decir no va a penalizar a quienes guardan previsoriamente para cuando no puedan trabajar. Hacienda tampoco quiere hacer del impuesto a las casas de lujo un castigo a la clase media por el logro de tener un hogar propio. Asegura que solo busca que los que más tienen más paguen. Pero no le creen. El fantasma de la regresividad se cierne sobre la desconfianza instalada.

La convención colectiva de la estatal RECOPE data de 1969 y se negoció 16 veces al alza (escandalosamente al alza, hay que decirlo) entre los distintos gobiernos desde Luis Alberto Monge hasta Laura Chinchilla, según el registro institucional. El gobierno de Luis Guillermo Solís fue el primero que la negoció a la baja y se supone que en estos días está por aprobarse una segunda rebaja, la primera que se negocia después de la Reforma Fiscal del 2018.