El proyecto para modernizar el marco normativo del empleo público es claramente eso, un plan en construcción. Depurarlo, mejorarlo, o incluso dinamitarlo por la vía de las mociones que se le van introduciendo al texto original está entonces dentro de lo posible. Por lo tanto, no sabremos exactamente lo que finalmente emanará como texto final, tras las muchas voluntades que están pugnando por concretar (o no) esta postergada reforma.

Esta semana cumplimos un año desde que se confirmó el primer caso de Covid-19 en Costa Rica y el primero en Centroamérica. Parece poco tiempo para tanto que ha pasado y mucho tiempo si lo miramos desde el deseo de pasarlo pronto, pero en la realidad es una crisis aún en desarrollo.

Las llamaradas alrededor del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) incineraron también un elemento que convenía mantener en frío: la necesidad real de que las decisiones políticas se basen en evidencias y en un sustento científico para reducir al mínimo el margen siempre existente de creencias, prejuicios o, peor aún, torcidos planes politiqueros.

El Salvador celebró este domingo las elecciones parlamentarias y municipales, cuyos resultados podrían coronar el proceso de hundimiento de los dos partidos tradicionales históricos y la consolidación de un nuevo formato de poder que despierta las alertas de los observadores de la democracia dentro y fuera de ese país.

Sin lugar a dudas, la vacunación -aunque insuficiente- dada la limitación de las dosis con las que aún contamos, es muy esperanzadora. Las fotografías de los más grandes de nuestros adultos mayores con su brazo al descubierto y la aguja pinchando de más vida sus vidas, nos llenan de alegría, nos confortan y nos tranquilizan. Tan indispensable como el agua, es para el género humano, la esperanza.

El punto es que las universidades públicas, los gobiernos locales y el poder judicial demandan quedar fuera de la temida y postergada ley de ordenamiento del empleo público.