El contrato de APM Terminals con el Estado indica que la multinacional holandesa debe transferir a Japdeva el 7,5% de los ingresos que genere la nueva megaterminal en Moín. El cálculo es de $20 millones anuales, equivalente a más de $1.000 millones al cabo de los 30 años de la concesión. Hasta aquí, bien por Limón.
El problema es que la terminal privada ya comenzó a operar, ya giró los primeros fondos y aún no está claro en qué y cómo se invertirá ese dinero. El temor es que se desperdicie o que se utilice en asuntos ajenos al desarrollo de la provincia. Lo nuevo es que ya Japdeva puede contratar a un banco para que administre ese dinero en forma de fideicomiso.
El país llega tarde, cómo no, a plantearse un plan de inversión en desarrollo con esos fondos. Pero mejor tarde que nunca. Sobre las necesidades y las opciones planteadas hablamos este miércoles con las diputadas encargadas del Caribe Yorleny León (PLN) y Laura Guido (PAC). Bienvenidos a acompañarnos este miércoles a las 8 a.m. en los 98.7 de Radio Columbia.
