Guatemala sigue enfrentando los impactos estructurales de una crisis permanente en la violación a los derechos humanos y la siempre presente vulneración al sistema de pesos y contrapesos que deben tener las instituciones de un estado digno de reconocerse como tal.

La marcha por la educación pública de Costa Rica convocó, como no se había visto desde hace años, a potentes grupos sociales, ciudadanos y sectoriales, que dieron un paso al frente, ante la conducción de asuntos públicos esenciales.

Bajo fe de juramento, el empresario Leonel Baruch Goldberg aseguró que la diputada oficialista Pilar Cisneros le pidió no solo que coadyuvara con el Poder Ejecutivo para enfrentar el recurso de amparo que interpuso en su día La Nación contra el cierre del Parque Viva, sino que además apoyara los intereses del gobierno para hacer desaparecer el periódico, entendiendo que ello favorecía a CRHoy, el diario digital del que Baruch es propietario.

Hoy enfrentamos un nuevo capítulo del ya conocido libreto de la Administración Chaves Robles en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Costa Rica, su ciudadanía y todos los sectores que son parte de nuestra institucionalidad viven tiempos de noticias falsas, narrativas populistas, tergiversación de la realidad y guiones que llevan a la desacreditación sistémica de las estructuras y de las personas que osan usar como herramientas la verdad, la confrontación sana de ideas y el disenso, como comportamiento fundamental de una democracia.

La desigualdad se continúa acentuando en las zonas rurales y costeras de Costa Rica, con lo que -consecuentemente- se agudiza el deterioro del tejido social, con un impacto directo al apego y la defensa de nuestro modelo de convivencia democrática.