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Por: Francisco Antonio Pacheco. Ex ministro de Educación Publica y Ex Presidente de la A.Legislativa.


Que venga la Maria con un par de poltronas.

Un aspirante al puesto de encargado de una pequeña estación de ferrocarril, en Argentina, se enfrentó a un tribunal cuyo trabajo era determinar su idoneidad: “Oiga, le dijo uno de los examinadores, ¿qué haría usted si recibe una llamada advirtiéndole que vienen dos trenes a gran velocidad y van a chocar frente a su estación?”. El hombre propuso la solución obvia: “Enciendo las luces rojas de alarma, rápidamente”. Dos de los miembros del jurado asintieron. “¿Y si por alguna razón no hay electricidad?, agregó el tercero”. Al candidato, la respuesta tardó en llegarle. “Enciendo tres montones de paja, dijo finalmente, pues eso avisará, de lejos, que existe un peligro”.

Después de un largo silencio, el examinador volvió a preguntar: “¿Y si no tiene cerillos? Bueno, para eso dispongo de un pedernal, contestó. ¿Y si no tiene paja? Pues, en su lugar, uso lo que sea, incluso mi ropa, manifestó. ¿Y si está mojada? Ah, repuso el concursante, en ese caso, llamo a la María, mi esposa, y le pido que venga con un par de poltronas para que nos sentemos a ver el choque, porque va a ser bárbaro”.

¿De dónde surge la idea de que en nuestro sistema institucional cada parte goza de una autonomía absoluta?
Esta especie de alegoría, se la escuché una vez a Arturo Frondizi, expresidente de Argentina. La contó para ilustrar la capacidad de los países latinoamericanos de generar problemas, uno detrás del otro, y enredarlos hasta quedar sin solución posible. Pues bien, hace días no paro de preguntarme si Costa Rica no estará llegando al trágico punto donde solo nos quede llamar a la María.

No podemos minimizar las enormes pérdidas y el caos vivido en estos días, pero no podemos, tampoco, quedarnos ahí. La huelga y los desórdenes que la acompañaron pusieron al desnudo la patología que aqueja al Estado costarricense: hemos venido construyendo nuestra vida social sobre un sustrato defectuoso que la hace muy vulnerable. Entre los factores de inestabilidad más evidentes, quizá el más notorio sea el brote de “particularismo” que nos aqueja. Este fenómeno, descrito por Ortega y Gasset, ocurre cuando cada grupo, cuando cada institución o parte de un Estado no ven más allá de sus intereses. Esto produce desarticulación en el Estado, que es, por su naturaleza, el más poderoso centro de unidad de la vida social.

Rencor. Pero hay más: detrás de las elegantes maestras que nos deleitaron con sus coreografías y sus ejercicios aeróbicos, frente la Asamblea Legislativa, se podía observar las manifestaciones de rencor de otras personas, cuyas vidas, según supongo, se sitúan muy por debajo de sus aspiraciones.

En otros lugares, he podido percibir manifestaciones de un odio ciego, excitado por la ignorancia, como nunca las había visto en el país. Evidentemente, también nosotros tenemos nuestros indignados y con ellos hay que contar. El veneno que corre a torrentes por las redes sociales pone en evidencia el desequilibrio que afecta a buena parte de nuestra población. No participaron en el espectáculo, eso sí, los pobres de verdad; era difícil, sin embargo, olvidarse de ellos, posibles víctimas de la presión de los huelguistas, aunque algunos creyeran estar defendiéndoles.


En estos días, también se hizo evidente la impresionante maraña jurídica en que vive sumida Costa Rica. Algunas cuestiones ligadas a este fenómeno exigen pronta respuesta. ¿Cómo evitar, por ejemplo, que las sentencias de quienes ejercen la función jurisdiccional se vean contagiadas por el gremialismo? ¿Por qué, según parece, no hay autoridad capaz de corregir irregularidades en la tramitación de las declaratorias de ilegalidad de las huelgas? ¿Cómo justificar que las consultas de la Asamblea Legislativa a la Corte Plena sean respondidas fuera de plazo? Pero ojalá fuera solo eso: las sutilezas jurídicas esgrimidas con relación a la huelga, no solo son numerosas sino que, a menudo, aparecen acompañadas de un formalismo a rajatabla que nos aparta de lo fundamental. Al derecho parlamentario, flexible por naturaleza, se le pone corsé.

Muchos nos preguntamos por qué los plazos para dictar las resoluciones de los jueces parecen ser elásticos, por no decir, inacabables. Las declaratorias sobre la legalidad de las huelgas, concebidas para dar seguridad sobre el derecho de cada quien, tardan en producirse semanas y hasta meses, lo cual crea una enorme incertidumbre. Mientras se esperaba sentencia, el desorden se posesionó del país con interrupciones del paso, atentados contra instalaciones que nos abastecen de combustibles y revueltas en las calles. Con esa lentitud, ha quedado comprometida la vigencia de uno de los dos principales valores del derecho: la seguridad jurídica.

Como si fuera poco, algunas interpretaciones judiciales convierten el derecho a huelga en vacaciones pagadas por tiempo ilimitado. Esto les permite a los maestros seguir indefinidamente en paro. En una huelga puesta en marcha contra quienes tratan de que haya aguinaldo y sueldo en diciembre para ellos: están en huelga contra sí mismos, contra sus propios intereses.

Pérdida de fe. Hasta hace poco, la fe del costarricense en la justicia era sólida. Ahora, se resquebraja aceleradamente. Algunos se regodean al referirse a esta situación, sin comprender que, por el contrario, el creciente desprestigio del Poder Judicial debe preocuparnos seriamente. Sin embargo, no somos los demás, aunque sintamos angustia por ello, quienes podemos restablecer la confianza en esa rama fundamental del Estado: solo los magistrados y los jueces pueden.

Conozco muchos magistrados a quienes admiro y estimo. Son personas serias que, una vez recuperada la serenidad tras un periodo tan difícil, comprenderán las dimensiones de lo que ocurre. Verán con claridad los problemas, no solo los financieros y económicos, sino los de carácter institucional que se le están viniendo al país encima y, por lo tanto, a ellos también.

Habrá democracia si hay un sistema jurídico sólido y respetable y, como correlato, no habrá un verdadero sistema jurídico en medio de la dictadura. Se me dirá que la democracia no corre peligro en Costa Rica. A quienes piensen eso, les digo, con dolor, que prendan las alarmas. Incluso en las sociedades abiertas de mayor prestigio del mundo están surgiendo amenazas para la vida democrática que vienen del populismo autoritario de derecha y de izquierda.

El fascismo se abre paso en tanto en el viejo, como en el nuevo continente. Ya he oído de apuestas sobre quién será, en Costa Rica, el demagogo que se convierta en dictador… elegido por el pueblo. En esas circunstancias, un Poder Judicial sólido resultaría la última trinchera que pueda defendernos: ojalá no sea el primero en caer.


Hablé antes del particularismo: el país ha caído en el síndrome de las independencias absolutas. ¿De dónde surge la idea de que en nuestro sistema institucional cada parte goza de una autonomía absoluta?

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se declara libre del imperio de las normas que afectan a la administración. El Poder Judicial, en opinión de algunos, no está sujeto a la normativa general, repito, “general”, que se aplica a los funcionarios, y eso atenta, supuestamente, contra su independencia.

La Universidad de Costa Rica se considera exenta de regulaciones establecidas en el proyecto de ajuste financiero, en razón de su autonomía. ¿Qué tal si eliminamos, de paso, la Contraloría General por interferir en la independencia de los poderes de la República y en la autonomía de las instituciones?

Islas. Costa Rica se está convirtiendo en un archipiélago institucional donde cada isla pretende tener un régimen independiente y ajeno al destino nacional. Cada institución esgrimirá razonamientos legales para justificarse. No obstante, por encima del formalismo jurídico imperante, tenemos el deber de salvar la unidad nacional que se expresa en el Estado, en ese Estado social de derecho del que nos hemos sentido tan orgullosos.

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A la fiera hay que amarrarla

¿Habrá pasado la hora de efectuar los cambios necesarios para reajustar la ley a esos principios fundamentales? ¿Será tarde para lograr que los valores del costarricense coincidan con lo que se proclama por todas partes?

Para asegurar la continuidad de nuestra forma de organización política, nuestro Estado debe ser, antes que nada, funcional. Tengámoslo presente. De otra manera, nos veríamos obligados a llamar a la María para que traiga poltronas y ver el choque en primera fila porque va a ser “bárbaro”. Solo que, de ocurrir, todos nos veríamos seriamente afectados. Se sabe cómo comienzan las cosas —asegura el dicho popular—, pero nunca cómo terminan.

Hablando ClaroEs un espacio de opinión que se apropia de las tecnologías de comunicación e información para crear un espacio deliberativo y constructivo, que contribuya al fortalecimiento de la libertad de expresión, congruente con la defensa de la democracia y la institucionalidad, para enfrentar los principales desafíos de nuestro país.

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