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Imagen: CELAFA. Centro Latinoamericano de Formación y Adiestramiento.

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Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente como un Estado respetuoso y defensor innegable de los Derechos Humanos, tanto en la región latinoamericana como en el mundo. Muestra de ello es que el Estado costarricense fue el primero en ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1970, también conocida como Pacto de San José y el primero en aceptar la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) en 1980, Tribunal que tiene su sede en Costa Rica.

Gracias a este compromiso de Estado, el bloque de constitucionalidad ha logrado nutrirse y complementarse por los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, que en conjunto con las disposiciones de nuestra Carta Magna, hoy conforman la base normativa que le ha permitido a la Sala Constitucional cumplir con el mandato constitucional de protección de los Derechos Humanos.

En su extensa jurisprudencia, la Sala ha dejado un legado histórico en favor de los derechos individuales, sociales y culturales, al reconocer el carácter supraconstitucional de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, así como el carácter vinculante de las opiniones consultivas de la Corte IDH desde 1995 y a lo largo de tres décadas.

El 9 de enero de 2018, la Corte IDH notificó al Estado de Costa Rica la Opinión Consultiva OC-24/17 denominada “Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo”, en la cual señala la prohibición de discriminar a cualquier persona en razón de su orientación sexual.

El artículo 33 de la Constitución Política establece que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación contraria a la dignidad humana, motivo por el cual generar un trato distinto a las personas en razón de su orientación sexual contradice nuestro ordenamiento constitucional.

El pasado 18 de julio de 2018, la Sala Constitucional comunicó que en la primera quincena del mes de agosto resolvería las acciones de inconstitucionalidad n.° 13-13032-0007-CO contra el artículo 242 del Código de Familia y el inciso m) del artículo 4 de la Ley de la Persona Joven, así como la n.° 15-13971-0007-CO contra el inciso 6) del artículo 14 del Código de Familia.

Por lo anterior, declaramos lo siguiente:

1. Reconocemos en la Sala Constitucional su papel de garante histórico en la protección de los derechos recogidos en los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos vigentes en Costa Rica. Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.2. Reafirmamos el carácter vinculante de las opiniones consultivas emitidas por la Corte IDH como intérprete natural de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a partir de la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la propia Corte IDH.

3. Confiamos en que la Sala Constitucional reafirmará su vasta jurisprudencia en relación con el carácter supraconstitucional de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, así como el respeto a los principios de progresividad y no regresión en la protección de los Derechos Humanos.

4. Celebraremos que la Sala Constitucional, como órgano del Estado responsable en aplicar el control de convencionalidad, resuelva por el fondo y sin mayor dilación, las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra el inciso 6) del artículo 14, el artículo 242 del Código de Familia y el inciso m) del artículo 4 de la Ley de la Persona Joven.

Invitando a que más personas se sumen a la rúbrica de esta Declaración, suscribimos a los 3 días del mes de agosto del año 2018,

1. Luis Guillermo Solís Rivera, expresidente de la República.

2. Laura Chinchilla Miranda, expresidenta de la República.

3. Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República.

4. Abel Pacheco de la Espriella, expresidente de la República.

5. Carolina Hidalgo Herrera, diputada a la Asamblea Legislativa.

6. Catalina Montero Gómez, diputada a la Asamblea Legislativa.

7. Enrique Sánchez Carballo, diputado a la Asamblea Legislativa.

8. José María Villalta Flórez-Estrada, diputado a la Asamblea Legislativa.

9. Laura Guido Pérez, diputada a la Asamblea Legislativa.

10. Nielsen Pérez Pérez, diputada a la Asamblea Legislativa.

11. Paola Vega Rodríguez, diputada a la Asamblea Legislativa.

12. José Manuel Arroyo Gutiérrez, exmagistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.

13. Gilbert Armijo Sancho, exmagistrado presidente de la Sala Constitucional.

14. Daniel González Álvarez, exmagistrado presidente de la Sala Tercera.

15. Carlos Arguedas Ramírez, exmagistrado de la Sala Constitucional.

16. Eva Camacho Vargas, exmagistrada de la Sala Segunda.

17. Kevin Casas Zamora, exvicepresidente de la República.

18. Rodrigo Oreamuno Blanco, exvicepresidente de la República.

19. Enrique Obregón Valverde, exdiputado a la Asamblea Legislativa y exministro de Gobernación y Policía.

20. Edgardo Araya Sibaja, exdiputado a la Asamblea Legislativa.

21. Emilia Molina Cruz, exdiputada a la Asamblea Legislativa.

22. José Francisco Camacho Leiva, exdiputado a la Asamblea Legislativa.

23. Karla Prendas Matarrita, exdiputada a la Asamblea Legislativa.

24. Carmen María Granados Fernández, exdiputada a la Asamblea Legislativa.

25. Carmen Muñoz Quesada, exdiputada a la Asamblea Legislativa.

26. Francisco Chacón González, exdiputado a la Asamblea Legislativa.

27. Montserrat Solano Carboni, exdefensora de los Habitantes.

28. Francisco J. Dall’Anese, exfiscal general de la República.

29. Marta Iris Muñoz Cascante, exdirectora de la Defensa Pública.

30. Eduardo Ulibarri Bilbao, exembajador ante la Organización de las Naciones Unidas.

31. Alexander Mora Delgado, exministro de Comercio Exterior. 32. Ana Isabel Garita Vilchéz, exministra de Justicia y Paz.

Continua en este documento.

 

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