Ottón Solís -poco dado a salir a la opinión pública dadas las limitaciones del cargo de representación que ostenta ante el Banco Centroamericano de Integración Económica- decidió dar un paso adelante en la discusión de estos días al argumentar que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es nuestra única opción y advirtió que la medicina será dolorosa para todos.

Parte de las críticas escuchadas hasta ahora contra la propuesta de negociación con el FMI es que el Gobierno no ha expuesto aún las dimensiones del problemón financiero que nos aplasta. Es decir, que el déficit más que superará este año el 9,7% del PIB, como dijeron las autoridades la semana pasada, y esto obliga a mirar distinto las propuestas de soluciones por la vía de los tributos y por la del gasto.

En el año 2012, cuando el hoy presidente del Poder Judicial Fernando Cruz Castro acudió a la Asamblea Legislativa para someterse al proceso de renovación del cargo por un segundo periodo, nada en el ambiente político presagiaba obstáculos a su reelección como titular de la magistratura.

Tenemos una cantidad significativa de desafíos que encarar. Hoy. Ahora. Poco o nada importan los peros, las justificaciones o excusas (buenas o pésimas) para no hacerlo. Cierto es que casi desde 200 años atrás nos convencimos a nosotros mismos que siempre es mejor que se aclaren los nublados del día antes de decidir. El asunto es que –querámoslo o no- ya no va a aclarar. La tormenta arreciará. Hablamos de tratamientos amargos impostergables. Con poco tiempo de maniobra.

Es oficial. El Ejecutivo planteó al país la hoja de ruta para alcanzar un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en ella, destacan las nuevas cargas tributarias, empezando por el impuesto temporal a todas las transacciones bancarias, un incremento fuerte a la propiedad de bienes inmuebles, una sobretasa de renta a personas físicas y jurídicas con salarios más arriba de 840 mil colones, la movilidad voluntaria con la que espera convencer de su salida a 7 mil empleados públicos, la reducción al 50% de la deuda política para la próxima campaña electoral, la suspensión del pago de anualidades hasta el 2024 y el congelamiento de salarios en el sector público, entre otras medidas.

Como es ya habitual por parte del Ejecutivo, cada anuncio de propuesta gubernamental o proyecto de política pública se va adelantando -por canales oficiales o por vías de filtración- hasta que llega el día de confirmar adelantos o desmentir rumores.