Un viejo adagio reza que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Ojalá este no sea el caso, porque el infierno sería una crisis de enorme impacto en el 21-22 provocada por la incapacidad de hacer un cronograma de acuerdos mínimos para enderezar la nave fiscal.

Tenemos atravesado este sentimiento de desconcierto respecto de lo macondiano del escenario. De un lado, esfuerzos serios de diálogos intersectoriales en proceso, desde el Estado de La Nación y los Poderes Legislativo y Ejecutivo y también desde la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, empresarios, cooperativistas, sindicalistas y solidaristas. Del otro, manifestantes fuera de control en una marcha que se proclamó pacífica pero que derivó en violenta en las afueras de la Casa Presidencial.

El país intenta recuperar un poco de normalidad pandémica, es decir normalidad sin bloqueos en pleno pico de contagios de SARS-CoV-2. Paradójico. Nunca pensamos aspirar a la “normalidad” de la pandemia. Pero así andamos.

Este jueves aportó más enfrentamientos en las calles y más intentos de acercamientos políticos para negociaciones aún lejanas. Ya algunos organizadores de las protestas se pelearon entre sí y José Miguel Corrales se apartó del incendio que ayudó a provocar; pidió perdón por no haber previsto el ingreso de grupos criminales que ahora están por ahí mezclados con manifestantes de verdad.

En una imagen, un viceministro entregando solemnemente un papel impreso a un obispo para que comunique a los voceros de los cierres de vías que el Gobierno no acepta la lista de exigencias que ponen para levantar definitivamente los bloqueos.

La primera parte de la semana, después del retiro del presidente Alvarado del plan de negociación con el FMI, tampoco deparó nada concreto que baje la temperatura social y proyecte algún acuerdo necesario y pronto. En la tarde del martes hubo, por ejemplo, "una reunión preparatoria dará insumos para el diálogo multisectorial que vendrá pronto", decía un tuit del Presidente.