Intenso fin de semana en lluvias, seco en votos, y agitado en el ambiente social por las repercusiones que generan las medidas cautelares para los implicados en el caso “cochinilla”. Así empezamos el lunes.

Es solo una de las primeras repercusiones del caso “cochinilla”: el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, emitió este miércoles una orden de suspensión obligatoria para todas las contrataciones con las empresas que administran las tareas de conservación de la red vial en todo el territorio nacional a partir del próximo 30 de junio.

Con una adhesión partidaria que alcanza apenas al 6 % de ciudadanos y con importantes fracturas (casi como todas las agrupaciones políticas del país) el Partido Unidad Social Cristiana se enfrenta a sus propios fantasmas este domingo en la primera convención en la que una aspirante pretende hacerse con la nominación. Fuerte reto para los dos diputados en la contienda.

Para el periodismo y su papel social, la filtración de documentos secretos o confidenciales constituye un recurso valiosísimo para destapar grandes casos de espionaje, entramados empresariales fraudulentos, escándalos diplomáticos, multimillonarias evasiones fiscales y, por supuesto, modelos de financiamiento de actividades como el terrorismo y el narcotráfico, así como su infaltable contracara, el blanqueo de capitales.

Tenemos una marcada inclinación a desviar la atención de los asuntos sustantivos por cualquier otro.

Se cumple este lunes una semana desde que conocimos el caso judicial que contiene muchas de las anomalías que por años se comentaban como un secreto a voces sobre el millonario negocio de la construcción de carreteras a cargo del Consejo Nacional de Vialidad. Un nuevo gran escándalo.