Para el periodismo y su papel social, la filtración de documentos secretos o confidenciales constituye un recurso valiosísimo para destapar grandes casos de espionaje, entramados empresariales fraudulentos, escándalos diplomáticos, multimillonarias evasiones fiscales y, por supuesto, modelos de financiamiento de actividades como el terrorismo y el narcotráfico, así como su infaltable contracara, el blanqueo de capitales.

Tenemos una marcada inclinación a desviar la atención de los asuntos sustantivos por cualquier otro.

Se cumple este lunes una semana desde que conocimos el caso judicial que contiene muchas de las anomalías que por años se comentaban como un secreto a voces sobre el millonario negocio de la construcción de carreteras a cargo del Consejo Nacional de Vialidad. Un nuevo gran escándalo.

Llegamos a término de una semana intensa. Allende las fronteras, la persecución del estado policiaco nicaragüense mantiene en vilo a su sufrido pueblo con detenciones -secuestros- de rehenes civiles acusados de delitos fabricados.

Todo parece indicar que estamos en puertas de pasar la prueba de la eventual aprobación en primer debate de la nueva ley de empleo público, una modernización del esquema del trabajo del funcionariado que ha esperado por décadas una reformulación. Se trata de una ley de ordenamiento que no constituye una herramienta de finanzas públicas en sí misma, pero sí de consolidación para la gobernanza y la disciplina con reglas claras y justas.

Las réplicas del terremoto de una red de corrupción de infraestructura vial que conocimos al inicio de esta semana, pero que está antecedida por una investigación sin precedentes que inicio en el 2018, aún nos mantienen en estado de atención.