Un arma de fuego por persona, esa era la propuesta principal con la que el gobierno pretendía disminuir la cantidad de homicidios en nuestro país. La reforma a la Ley de Armas ya está en la Asamblea Legislativa donde encontró sus primeros opositores.
Los diputados que integran la Comisión de Seguridad y Narcotráfico acordaron mantener en tres la cantidad máxima de armas que una persona puede inscribir para su seguridad personal, la de su familia y su patrimonio.
Michael Soto, Ministro de Seguridad y abanderado de la iniciativa, intentó persuadir a los diputados, principalmente con el argumento de que un promedio de 800 armas, por año, inscritas ante la ley, pasan a manos del mercado negro por robo o extravío, incluyendo algunas propiedad del Estado.
Aquellos que se opusieron a la moción de reducción, ven los esfuerzos del gobierno como un “intento de desarme” a la ciudadanía y dejarla desprotegida ante los criminales. Justifican la cantidad de armas permitidas con distintos escenarios en los que una persona podría encontrarse y verse obligada a realizar maniobras de defensa.
Analizamos, junto al Viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, el tema de la tenencia de armas y su impacto en la sociedad.
