Tras allanamientos, detenciones e incautación de documentos, a los que se sumaron 18 horas de audiencia, nos encontramos ante uno de los hechos que marcarán la historia reciente del país.
Que esté en prisión preventiva toda la plana gerencial del BCR refiere a las terribles consecuencias que tiene lo que empezó en su día como una decisión (¿acaso ingenua?) de política pública de abrir el duopólico mercado del cemento en el país.
Al Gerente General lo acompañan cinco miembros del comité de crédito del BCR: Gilberth Barrantes, Marvin Corrales, Andrés Víquez, Leonardo Acuña y Rodrigo Ramírez Rodríguez, todos acusados preliminarmente de peculado. La jueza consideró que había peligro de fuga de los imputados y posibilidades de que obstruyeran las investigaciones.
Desde el cierre del Banco Anglo Costarricense en setiembre de 1994, el sistema financiero nacional no había enfrentado un golpe similar.
Junto con ellos, fue detenido Juan Carlos Bolaños el mediático y joven empresario que marca altos decibeles a la controvertida campaña electoral de este 2017.
En pleno ojo del huracán, - y en medio de apelaciones por parte de los abogados de los detenidos - damos una mirada con lente jurídico al proceso penal que iniciaron el viernes los (hasta ahora) siete implicados por las autoridades judiciales en el millonario negociado del cemento, con el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Alfredo Chirino.