Cuando hablamos de las áreas donde tenemos rezagos enormes necesariamente tenemos que incluir al transporte público, que en nuestro país casi se reduce al servicio de autobuses.
No es que lo ignoremos, pues en años recientes ha ido creciendo la discusión sobre la necesidad de mejorar el servicio y eso pasa por mejorar unos aspectos, como la calidad de la flota o la precisión de horarios, y por incorporar otros, como el pago electrónico o la postergada sectorización.
Lo malo es que poco avanza, sea por incapacidad de la institucionalidad o por el alto poder de influencia de una industria que generaba hasta antes de la pandemia $385 millones anuales concentrados en pocas manos. El resultado final lo paga, además, el sector de la población con menos capacidad de presión sobre instancias públicas.
El último episodio fue el fracaso del MOPT en la ejecución de las concesiones en nuevas circunstancias, lo que hace que las empresas continúen dando el servicio pero bajo otra categoría legal que, a fin de cuentas, permite que poco cambie. En la práctica son casi monopolios y ya sabemos lo que eso provoca en la calidad del servicio o las tarifas.
Sobre este sector sensible y complejo, y lo que viene, conversamos con Jessie Vega, representante de los usuarios en la junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP).
