En el estado de derecho, la Procuraduría General de la República también rinde cuentas. En el año 2013, como hemos venido explicando, la Comisión para la Promoción de la Competencia COPROCOM emitió una resolución sancionatoria por prácticas anticompetitivas contra el grupo financiero Credomatic.
La multa, de 12 mil millones de colones, resultaba inédita. Pero tampoco nunca llegó a pagarse. Por el contrario los Jueces Administrativos que la impusieron terminaron sometidos a largos procesos judiciales que finalmente concluyeron, lo que nos permite públicamente conocer ahora algunos de los detalles del caso que, por lo demás, ha derivado en una investigación en el Ministerio para entender cómo y por qué se anuló el proceso.
Un actor decisivo de la anulación para la conciliación con Credomatic fue la Procuraduría General de la República, es decir, el mismo abogado del estado. ¿Por qué hubo tanto interés en lograr la anulación? ¿Por qué si la Procuraduría no logró convencer al órgano competente para dejar sin efecto el proceso, es decir a la COPROCOM, acudió a la esfera política, hasta lograr que el ministro Welmer Ramos estampara su firma en el documento, acto por el que ahora es investigado?
En el tercero de nuestros especiales sobre la multimillonaria multa contra Credomatic conversamos con los Procuradores del caso, Andrea Calderón y Julio Mesén.
