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Por: Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR) 



Diversos cables informativos refirieron en esta última semana de setiembre del 2018 a la sorpresiva decisión del Ejecutivo de Chile de no firmar por el momento el "Acuerdo de Escazú" aprobado en Costa Rica en el 2018: se trata de un importante acuerdo regional titulado "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe". 

Remitimos a nuestros estimables lectores, entre muchas referencias sobre la inesperada posición chilena, a esta nota de Emol y a esta nota de Cooperativa.cl.

¿Porqué dedicar unas breves reflexiones a una decisión de este tipo? Simplemente, porque resulta ináudita para todos los que han (hemos) seguido de cerca el proceso de negociación de este valioso instrumento regional para América Latina y el Caribe, y porque, de alguna manera, pone en entredicho la buena fe de Chile, tal y como lo veremos a continuación.

 Una decisión cuestionada en Chile 


Ante la oleada de repudio a la decisión de Chile de no firmar este texto, un grupo de senadores chilenos han solicitado al Jefe de Estado reconsiderar su posición (véase nota de LaTercera). Casi al mismo tiempo, más de 130 especialistas chilenos han suscrito una carta colectiva pidiendo que el Presidente de Chile instruya a su canciller para proceder a la firma de este acuerdo este 27 de setiembre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York (véase nota de ElMostrador que contiene el texto de la misiva).

Como se puede apreciar, el rechazo es generalizado y no se tiene muy claro si el Ejecutivo chileno ponderó las posibles repercusiones en la opinión pública antes de anunciar que desistiría de firmar este acuerdo regional. Tampoco se tiene claro si Chile valoró el efecto que pueda tener su gesto en otros Estados dispuestos a firmar este acuerdo pese a mantener alguna reticencia en hacerlo que los lleve a ... no firmarlo.

Finalmente, no se tiene aún claridad sobre las motivaciones precisas por las que Chile objeta este tratado, después de haber sido uno de sus principales promotores conjuntamente con Costa Rica: las "razones internacionales" a las que aludió la titular chilena de la cartera de Ambiente en un primer momento (véase nota de prensa de ElCiudadano) arrojan muchas dudas que sería muy oportuno aclarar. Un intento posterior de aclaración (véase nota de prensa de RadioAgricultura) no logró mayormente su objetivo, dado que desde marzo del 2018, Chile tuvo el tiempo necesario para elaborar una eventual declaración interpretativa sobre alguna disposición del tratado. Nótese que los artículos 13 a 25 fueron discutidos y aprobados con base en un borrador presentado en febrero del 2018 conjuntamente por Chile y Costa Rica, incluyendo las cláusulas relativas a la solución de controversias.

Un tratado regional de singular importancia para la región latinoamericana


Más allá de aclaraciones oficiales que no lo son del todo (y que posiblemente disimulan algo que no se quiere revelar a la opinión pública), el texto integral de este tratado regional adoptado en Costa Rica bajo los auspicios de la CEPAL (véase enlace oficial) en abril del 2018 está disponible en nuestra nota de abril del 2018, titulada "Derechos Humanos y Ambiente: texto del Acuerdo de Escazú auspiciado por la CEPAL disponible".

Desde hace varios días, circula una "Carta Abierta" suscrita por un gran número de ONG del hemisferio americano pidiendo a sus respectivos Estados firmar este tratado (véase carta reproducida en este enlace de la ONG FrontLineDefenders), a la vez que Amnistía Internacional celebró su firma (véase comunicado oficial).

En un comunicado conjunto circulado el 13 de setiembre, varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas llamaron a firmar este texto. En su comunicado tituado "UN experts urge prompt ratification of landmark Latin America and Caribbean environment treaty" (véase texto completo en inglés), se lee que:

" This agreement is a major leap forward in the protection and safeguarding of human rights defenders in environmental matters. By establishing specific binding provisions, Latin American and Caribbean States are not only recognising the acute and alarming situation faced by environmental defenders in countries of the region, but are also taking concrete steps to reaffirm their role and respect, protect and fulfil all their rights".

Un Estado en el que la labor de incidencia de las ONG y de otras entidades será posiblemente mayor es Colombia: durante las negociaciones, la delegación colombiana se monstró incómoda y presentó varias contrapropuestas para limitar el alcance de algunas disposiciones sustantivas del futuro tratado.

Tal y como tuvimos la oportunidad de escribirlo en su momento al referirnos a la (discreta) conclusión de la novena ronda de negociación (véase nota nuestra titulada "CEPAL: tratado regional sobre ambiente y derechos humanos aprobado"), la adopción de este instrumento regional no fue objeto de mayor cobertura en medios de prensa (salvo alguna u otra excepción), y es posible que quede aún mucho camino por recorrer para dar a conocer sus alcances:

"No hace falta mencionar que la escasa cobertura de los medios de prensa con relación a la adopción de este texto el pasado 4 de marzo del 2018 en la capital de Costa Rica puede responder a ciertos intereses, que perciben con extrema reserva y cautela toda consolidación de estos principios jurídicos en favor de las comunidades y del ambiente".

Incluso la poca cobertura dada al anuncio por parte de Naciones Unidas de la ceremonia oficial que tuvo lugar en Nueva York este 27 de setiembre (véase nota del Servicio de Información de Naciones Unidas) puede obedecer a las mismas razones.

La posición de Chile de no firmar analizada desde diversos ángulos


Desde el punto de vista estríctamente jurídico, la decisión del Ejecutivo de Chile de anunciar que no firmará este tratado regional no violenta ninguna norma internacional: responde a una atribución soberana que cualquier Estado posee con relación a la suscripción (o la no suscripción) de instrumentos internacionales.

No obstante, en este caso preciso, llama poderosamente la atención el hecho que con ocasión de las celebraciones del Día Mundial del Ambiente (5 de junio), Chile circuló desde su Ministerio de Relaciones Exteriores un comunicado conjunto con Costa Rica, llamando a los demás Estados a firmar este novedoso instrumento este próximo 27 de setiembre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Al respecto, remitimos a nuestos estimables lectores al enlace oficial que contiene el texto de este comunicado conjunto que concluye indicando que:

"Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo"

Si la pronta entrada en vigor de este instrumento fue considerada por Chile y por Costa Rica en junio del 2018 como una señal "inequívoca" para avanzar "hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030", ¿se podría inferir que anunciar, a 24 horas de la ceremonia oficial prevista en Nueva York, que no se firmará es una señal "equívoca(...da)"? Ello sin mencionar el hecho que Chile, conjuntamente con Costa Rica, ejerció la Presidencia del Grupo de Trabajo a cargo de negociar este instrumento, cuyas labores iniciaron en el 2014 en... Santiago de Chile.

Copresidir un árduo proceso negociador intergubernamental iniciado en su propia capital, instar a 33 Estados a apoyar este proceso con su firma y posterior ratificación para anunciar, seis meses después de concluido que ... no se firmará, resulta a todas luces insólito (y probablemente inédito en los anales de la diplomacia multilateral): no cabe duda que con esta actitud, Chile exhibe ante la comunidad internacional un rostro totalmente desconocido, al menos hasta la fecha.

Por alguna extraña coïncidencia, la fecha del discurso del Presidente de Chile en el recinto de Naciones Unidas se dio el mismo día en que se firmaba el Acuerdo de Escazú: un hecho que no fue desaprovechado por analistas chilenos críticos con sus autoridades (véase nota publicada en ElDesconcierto titulado "A lo EE.UU: Piñera aparece con discurso ambientalista ante la ONU pero no firma importante tratado").

A modo de conclusión


Más allá de la profunda consternación y el malestar causados en estos días tanto en Chile como fuera de Chile, el comunicado conjunto entre Chile y Costa Rica, tal y como está redactado en el enlace oficial antes mencionado, se reproduce al final de esta breve nota, y se recomienda su lectura integral, al explicitar la importancia que para la región significa la pronta entrada en vigor e implementación de este instrumento regional.

Más aún en un momento en el que, en diversas latitudes de América Latina, las entidades de la sociedad civil que defienden el ambiente y los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, sufren los embates de poderosos sectores económicos y políticos, dispuestos incluso a ordenar la eliminación física de sus líderes. El director regional de ONU Medio Ambiente en América Latina y el Caribe recordaba, al analizar la importancia de este acuerdo regional (véase texto), que:

"Solo en 2017, 60% de los 207 asesinatos de defensores ambientales ocurrieron en América Latina y el Caribe, según datos de la organización de monitoreo Global Witness. Alrededor de 25% de los defensores asesinados provenían de comunidades indígenas, en especial en la Amazonía. Muchas más personas son maltratadas y expulsadas de sus hogares a causa de la defensa de derechos ambientales íntimamente relacionados con otros derechos humanos, como la vida, la salud o el trabajo. Tolerar estas intimidaciones socava el estado derecho de nuestros países".

Para hacer realidad en un futuro no muy lejano el Acuerdo de Escazú, el primer paso concreto consiste en que los Estados firmen este instrumento, acto formal al que procedieron este 27 de setiembre en la sede de Naciones Unidas, con 14 firmas registradas a las que hay que sumar la de Paraguay registrada este 28 de setiembre (véase estado oficial de firmas): Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.

El paso siguiente consistirá en proceder a la ratificación del mismo: el Acuerdo de Escazú entrará formalmente en vigor una vez depositado el instrumento de ratificación número 11 (según lo dispuesto en el Artículo 22).


Texto integral del comunicado conjunto circulado por los Ministerios de Relaciones Exteriores de Chile y de Costa Rica el 7 de junio del 2018

Comunicado conjunto Costa Rica – Chile sobre la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Jueves, 7 de junio de 2018

"Luego de tres meses de que 24 países de la región adoptaran el Acuerdo de Escazú sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Chile y Costa Rica reafirman su compromiso con la firma y pronta entrada en vigor de este Acuerdo, que es el primer instrumento vinculante sobre asuntos medioambientales en nuestra región.

Pionero en diversos aspectos, entre ellos por ser el primer tratado en el mundo que otorga garantías para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, el “Acuerdo de Escazú” se abrirá a la firma de los países de América Latina y el Caribe el próximo 27 de septiembre de 2018, en ocasión del septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Como co-presidencias del proceso de negociación del Acuerdo de Escazú, Costa Rica y Chile reiteran su firme compromiso por continuar liderando los trabajos necesarios para la realización de la primera Conferencia de las Partes, con apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe como Secretaría Técnica.

Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental.

Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo".

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