"Si queremos crear economías más fuertes, lograr los objetivos de desarrollo y sostenibilidad del planeta y mejorar la calidad de vida de las mujeres, las familias y las comunidades, es fundamental empoderar a las mujeres para que participen plenamente en todos los sectores de la vida económica".

La historia de Meilin Alvarado Savala no puede ser más triste. A sus 22 años, edad en que muchas otras jóvenes estudian o están ingresando ya al mercado laboral forjando un proyecto de vida de auto realización, ella ya era madre de cuatro niños y estaba embarazada del quinto.

"No queremos que nada se interponga en nuestro camino", dijo Donald Trump la semana pasada al anunciar que pretende excluir a Estados Unidos del Acuerdo de París. Y lo hizo paradójicamente en vísperas de la celebración del Día Mundial del Ambiente.

Este lunes 5 de junio la Corte Plena deberá asumir la responsabilidad de designar a una magistrada en la Vicepresidencia de ése órgano colegiado para cumplir con la paridad de género que le obliga a ser consecuente con tantas y tantas resoluciones que ha emitido en los últimos años para asegurar que otros poderes del estado y otros estamentos de la sociedad, resguarden los derechos políticos de las mujeres no sólo a elegir, sino también a ser electas.

No era precisamente la decisión que se rumoraba se adoptaría. El Poder Ejecutivo y los sindicatos apostaban a que fuese posible abortar la decisión inicial de la Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social de proceder con un incremento de un punto porcentual de aportación de la cuota obrera al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte a partir precisamente de este jueves primero de junio.

Dos hechos puntuales aceleraron el anuncio hecho el viernes por el gobierno en el sentido de llevarlo a una especie de reconversión de actividades: la decisión del Banco de Costa Rica de retirar los ₡71.000 millones y la inminente intervención de la Superintendencia de Entidades Financieras; lo cual habría signficado un golpe mortal con peores efectos.