Los desencuentros políticos y las dificultades de convivencia son el agua tibia que descubrimos en este año. El proceso electoral y la división entre sectores que luego se juntaron, o las coincidencias entre grupos que antes estuvieron enfrentados…

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo calcula que cada año se paga $1 billón en sobornos y $2.6 billones en actos de corrupción. Nada más y nada menos que alrededor de un 5% del PIB mundial anual.

Tal vez ahora que nos hemos tenido que dar baños de realidad esperando que en sus premuras Hacienda logre reunir todos los “coyoles” para terminar el año honrando tanto compromiso pendiente, vayamos tomando conciencia de que el tema del déficit no era cosa de que nos querían asustar con la vaina vacía o con el cuento aquel del lobo que nunca llegaba...

Al final todo ha sido muy rápido. En 48 horas se ratificó la trabajosa reforma fiscal y entró en vigencia, pero también conocimos una polémica lista de empresas que han declarado cero utilidades en los últimos años por razones diversas y una nueva calificación (hacia la baja) de Moody’s sobre la deuda de Costa Rica.

Existe una fuerte corriente de apoyo político para aprobar -más temprano que tarde- una ley de extinción de dominio que trunque de manera efectiva los poderes económicos del crimen organizado en sus diversas manifestaciones.

Solo en los últimos ocho años se han perdido cerca de $ 650 millones en proyectos estatales. La lista cada vez es más grande: la trocha fronteriza, la carretera a San Ramón, los costos extra de la siempre inconclusa vía a San Carlos, la frustrada refinadora de Soresco y el malogrado proyecto hidroeléctrico de Diquís, entre otros.