Mucha agua ha corrido en 10 años, desde el primer desfile reivindicativo de la diversidad sexual por pleno centro de San José. Ahora los colectivos LGBTI y sus compañías se preparan para la Marcha de la Diversidad 2019 que tiene un valor especial: es el último que se celebrará antes de que rija la posibilidad legal de que el Estado reconozca la unión en familia de dos personas del mismo sexo, en menos de un año.

Los términos de nuestra convivencia están -por decirlo de algún modo- venidos a menos. Vivimos años sumidos en la desconfianza de los unos hacia los otros, marcados por la polarización y con dificultades para alcanzar acuerdos políticos de mayor calado que nos permitan encarar los retos de estos nuevos y desafiantes tiempos.

Aquí vamos de nuevo: huelga de maestros y profesores. O más preciso, huelga de algunos maestros y profesores. Viene un efecto innegable, pequeño o grande, sobre nuestros niños y adolescentes.

¿Cuáles son nuestras nuevas obligaciones? ¿Podemos hacer las tareas solos o es mucho mejor tener acompañamiento profesional para no "pifiar" con un cambio sustantivo que además, establece severas multas por incumplimiento? Y por cierto; ¿cómo se valorarán los errores y las pifias? ¿Equivale un error de buena fe a un acto de escapismo de las nuevas regulaciones para con el fisco?

Corría noviembre del 2012 y sin decir agua va, sin poder anticiparlo, 38 diputados votaron contra la reeleccion del magistrado constitucional Fernando Cruz Castro. Era algo inédito. Nunca antes había sucedido. En el sistema politico costarricense la reelección hasta entonces había sido automática. Aquello fue un escándalo sin precedentes porque el entonces diputado liberacionista Fabio Molina admitió que el repudio constituía un "mensaje a la Corte".

El “caso Aldesa” lleva varias semanas en el caldero. Sabemos que se investiga a esa compañía por estafa y administración faudulenta, sabemos que la Fiscalía investiga al empresario y exministro Javier Chaves (presidente de la compañía financiera), sabemos que no se trata de dinero público y sabemos que muchos inversionistas temen perder sus recursos. Hasta $200 millones, según abundantes noticias recientes.