Cayó como un balde de agua fría para un sector del periodismo: la Sala Constitucional sentenció que al exigir la obligatoriedad de la afiliación, el Colegio de Periodistas de Costa Rica perturba la libertad de expresión.

Es un asunto jurídico, sí, pero la orden dada el jueves pasado por la Contraloría General de la República a la Caja del Seguro Social para que se deje de artilugios y proceda a acatar la ley que manda pagar los pluses salariales nominalmente, tiene una contundencia de sentido común que no requiere estudios de derecho. Es decir, la puede entender cualquiera que quiera entenderla.

En enero del 2013 la Comisión para la Promoción de la Competencia emitió resolución condenatoria por prácticas anticompetitivas contra Credomatic por juego irregular en el mercado de tarjetas de crédito y debido. Dos años después, el ministro de Economía Welmer Ramos anula la sanción a instancias de la Procuraduría General de la República que estaba (y sigue estando) convencida que el estado no podía ganarle al grupo financiero en los estrados judiciales.

Tanto fue el cántaro al agua hasta que se rompió… El punto de inflexión resultó ser la huelga de tres meses del 2018. Por supuesto, hicieron lo suyo los arbitrarios y ya consabidos bloqueos y también, la muy reciente huelga de médicos y especialistas de la Caja.

No es ninguna novedad decirlo, pero este martes fue una jornada muy agitada. Con gremios de educadores alzados en huelga (de nuevo), con taxistas complicando (más) el tránsito vial y con los diputados aprobando en primer debate el proyecto que intenta regular los movimientos huelguísticos.

En el estado de derecho, la Procuraduría General de la República también rinde cuentas. En el año 2013, como hemos venido explicando, la Comisión para la Promoción de la Competencia COPROCOM emitió una resolución sancionatoria por prácticas anticompetitivas contra el grupo financiero Credomatic.