Un cambio (¿sustantivo?) en marcha. Que las tasas de interés de usura sean delito no es nuevo. Así está contemplado en nuestra legislación penal hace muchos años. El detalle es que eso es un canto a la bandera, porque nunca se estableció cuál era justamente la cifra a partir de la cual se tipificaba la condición de usurero.

Si por la víspera se saca el día, y un tribunal local costarricense determinó ya que no hubo fundamento científico ni jurídico que respaldara la decisión de prohibir en el 2015 la importación de aguacate mexicano, podríamos advertir el inminente riesgo de que la Organización Mundial de Comercio arribe a conclusiones similares. O peores.

Como está probado, los márgenes de acción del Gobierno están cada vez más condicionados y nada o casi nada puede hacer sin el concurso de una buena parte de la Asamblea Legislativa en manos de muy variadas fuerzas políticas. Y cuanto más grande el problema, más grande esa dependencia.

El análisis de los resultados de la reciente jornada electoral para la escogencia de gobiernos locales rebela, para el criterio experto del politólogo Constantino Urcuyo Fournier, "una lenta pero sostenida disolución de los partidos políticos tradicionales" tanto como "la incapacidad del PAC para consolidarse localmente".

Dado que entre los especialistas económicos (y los políticos, claro) hay diferencias por ahora irresueltas respecto de cómo y en qué invertiremos los escasos recursos que nos queden disponibles después de pagar los intereses de nuestras abultadas deudas, seguimos abocados al ejercicio de comprender las implicaciones de adoptar una u otra vía de acción, por ejemplo, con respecto a la aplicación de la regla fiscal en los años por venir.

Nadie ha dicho que las medidas anunciadas el lunes por el titular de Hacienda para reducir deuda y déficit no sean buenas medidas. El asunto es ¿Cuán insuficientes resultan y cuán realistas son los plazos que se estiman para alcanzarlas?