El otorgamiento de dádivas para acceder a contratos de obra pública y la apuesta al financiamiento de campañas electorales siempre han sido caras de la misma moneda.

Desde el inicio mismo de su carrera profesional y sin proponérselo, la entonces joven abogada Nancy Hernández López se topó de frente con el tema de los Derechos Humanos. Fue con los privados de libertad. Y ello marcaría el énfasis de su especialización en el derecho, porque de ese primer trabajo en el Ministerio de Justicia pasó a la naciente Sala IV donde convirtió su expertiz en pasión de vida. O su pasión de vida en expertiz.

El resultado lógico que implicaba la renuncia de la ministra Giselle Cruz y los responsables máximos del grave error con las pruebas Faro, aún nos queda debiendo la explicación de lo ocurrido.

Junto con la justificada indignación de la ciudadanía y actores políticos, resulta imperiosa la elaboración reflexiva del calado de la crisis de la rectoría de la educación que venimos señalando una y otra vez.

La Universidad de Costa Rica anunció este jueves que retomará las clases presenciales hasta el próximo curso lectivo (2022) y que procurará obligar a todos sus estudiantes a vacunarse contra el virus que produce la COVID-19. La dirección corre en el mismo sentido que la ordenanza emitida para todos los funcionarios, tras diálogo de la Rectoría con los líderes sindicales para atender escepticismos.

Algunos hechos se reflejan en las noticias y otros van bajo el agua, pero todos condicionan el ambiente político que marca la discusión de la agenda fiscal vinculada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).