El Ejecutivo precipitó sin necesidad alguna la “no negociación” del presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior del año 2027 para darlo por finiquitado antes de la fecha formal de expiración de la administración Chaves Robles.
Desde la “propuesta” de ajuste de 0%, resultó previsible que no existía intención de dirimir, resolver, establecer, fijar, concordar, decidir, un camino común para el fortalecimiento de una acción conjunta entre gobierno y las universidades públicas.
Mucho más sencillo le resultó a una plataforma privada internacional obtener un contrato de 74 millones de dólares para impartir clases virtuales de inglés.
Y si por la víspera se saca el día, las universidades públicas recibirán la misma dosis de desdén del mayoritario oficialismo cuando lleguen a tocar la puerta a la Asamblea Legislativa.
Conversamos hoy con Jorge Herrera, presidente del Consejo Nacional de Rectores.
