¿Por qué-luego de un arduo proceso de construcción de una política pública para contar al fin con un procedimiento moderno que ordene la ejecución de las penas de prisión-el Poder Ejecutivo decide tirar por la borda la nueva ley?
Así es: luego de un dictamen unánime afirmativo que contó incluso con la firma de la jefa de la fracción oficialista, el gobierno cambió de opinión, según expertos, solo para atender un planteamiento de carácter populista que obtiene réditos de un discurso contra los prisioneros y, peor aún, contra el Poder Judicial.
Conversamos sobre ello con el especialista en derecho penal, Gerardo Huertas.
