“La aprobación exprés de una reforma constitucional que habilita la reelección indefinida en El Salvador marca un punto de no retorno en el desmantelamiento del orden democrático bajo el gobierno de Nayib Bukele”
La afirmación deviene del especialista en política internacional Daniel Zovatto, pero es compartida de manera unánime por otros expertos en la materia.
Los niveles de aprobación de hasta 80% se deben a su política de mano dura, aunque ya no es solo contra mareros y delincuentes, sino también contra periodistas, activistas de Derechos Humanos que han debido huir del país o, como en el caso de la reconocida abogada Ruth López, enfrentar la cárcel con acusaciones prefabricadas.
La libertad de expresión, se sabe bien, es la primera víctima de cualquier deriva autoritaria. Por eso, pese a los aplastantes índices de apoyo, el 58% de la población teme represalias por criticar al gobierno y el 37% evita opinar sobre los fracasos del régimen. Así los ciudadanos prefieren alinearse a lo “políticamente correcto” según concluyó una muy reciente encuesta de junio, realizada por la Universidad José Simeón Cañas, al evaluar el sexto año de la administración.
Y es que la concentración del poder - lo que se conoce como la Bukelización de la política- es total. El gobernante tiene control del Legislativo y el Judicial desde el 2011. Así pudo reelegirse inconstitucionalmente en el 2024 y así ha asestado el último golpe el 31 de julio con un paquete de reformas constitucionales que incluyen reelección indefinida, extensión del mandato de 5 a 6 años, eliminación de la segunda ronda electoral y adelanto de las votaciones presidenciales y legislativas del 2029 al 2027 para unirlas con las municipales.
La autocracia salvadoreña acelera el paso con el beneplácito -entre otros- del gobierno de Donald Trump y para analizar el tema conversamos con el politólogo Sergio Araya Alvarado.
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