La Asamblea Legislativa tiene entre manos dos retos jurídico-políticos de altísima responsabilidad que cumplir en estas semanas: por un lado, como se ha difundido ampliamente, debe decidir si levanta el fuero de improcedibilidad al presidente de la República y por otro, debe designar a un nuevo magistrado para completar la titularidad de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que es la sala que resuelve, entre otros asuntos, el juzgamiento a los miembros de los Supremos Poderes. Es decir, la Asamblea Legislativa debe mostrar la mayor solvencia y rigurosidad posible para dilucidar dos temas que, si bien son distintos, corren en líneas casi paralelas.
Por la naturaleza siempre sensible y delicada de la selección de un nuevo magistrado penal, varias organizaciones de veeduría ciudadana pidieron a la Asamblea Legislativa que vigile con anticipación cualquier conflicto de interés que pudiera afectar ese proceso.
En otras palabras, las organizaciones civiles pidieron expresamente a los diputados que estén enfrentando procesos de levantamiento de su propia inmunidad, que se abstengan tanto de seleccionar a los candidatos que conformarán la terna de finalistas, como de votar finalmente el nombramiento en el pleno legislativo.
Tras cinco meses de trámite, la Comisión Especial Permanente de Nombramientos no ha concluido el proceso en el que participan seis aspirantes, todos hombres; es decir no hubo postulaciones de abogadas para el concurso, lo que obligó a aprobar una enmienda metodológica pues, inicialmente se había dispuesto que la recomendación final debía incluir profesionales de ambos sexos.
Para poner en perspectiva este nombramiento conversamos con Evelyn Villareal del Estado de la Justicia y con Ronald Segura, miembro del comité ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Fiscales.
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