Si bien la Corte Plena no ha emitido criterio alguno respecto del inexplicable veto de ingreso a los Estados Unidos decretado en perjuicio de los magistrados constitucionales Paul Rueda y Jorge Araya, tres altos jueces alzaron sus voces contra esa determinación, que si bien es potestativa de Washington, a falta de razonamiento lógico se entiende como un intento de socavar la independencia del Poder Judicial costarricense. ¿Una especie de "aviso" respecto de decisiones por adoptar?
Por eso, el siempre firme y vocal magistrado de la Sala IV y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, advierte que jueces y fiscales deben armarse de valor para enfrentar la eventualidad de quedarse sin visa. Así de claro. Así de sencillo.
Cruz, con casi 50 años de carrera judicial, dimensiona su responsabilidad y en un momento crítico para la solvencia de las democracias bajo asedio de populismos autoritarios, se desmarca del silencio cómplice, del cómodo disimulo o del temeroso amedrentamiento. Frente a estos desafíos no se puede perder la independencia, ya que ello equivale a perder la dignidad.
¿En qué contexto geopolítico cabe entender la cancelación de visados e ingresos a EE. UU. específicamente a jueces costarricenses intachables? ¿Qué tipo de política exterior estadounidense es una que -por lo que sabemos- solo ha afectado hasta hoy a magistrados costarricenses y no a jueces de otras naciones? ¿Podríamos entender algo de lo que está pasando si conociéramos el acuerdo secreto de "seguridad nacional" suscrito recientemente entre los gobiernos de ambos países en el que Costa Rica se comprometió a informar a Estados Unidos acerca de "personas que afecten sus intereses en nuestro país"?
Conversamos con el Dr. Fernando Cruz.
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