Nuestro histórico y siempre cercano vínculo con los Estados Unidos está estrenando nuevos derroteros. Más allá de la incertidumbre arancelaria con nuestro primer socio comercial, por donde pasan también estratégicas decisiones como las de las inversiones en telecomunicaciones (por citar solo un área sensible) ahora enfrentamos, como otras naciones el posible peso de las sanciones, que por el momento lo son únicamente individuales, habida cuenta del retiro de visas que ha ido concretándose contra una decena de cargos públicos, casi todos ellos de alta connotación política.
La vicepresidenta del Congreso Vanessa Castro, una de las primeras "dadas de baja" dio a conocer que de acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos, la información de nuestro gobierno que sustentó el retiro de su visa, argumentaba que ella tiene nexos con el partido comunista chino. Por ahora es la única que tiene alguna información sobre el castigo. Ninguno otro sabe a ciencia cierta que factura pagan. Aunque lo intuyan. Lo cierto es que sin demérito que en la lista estén el expresidente y premio Nobel de la Paz y cinco legisladores incluyendo al Presidente de la Asamblea Legislativa, la sanción contra el magistrado constitucional Paul Rueda Leal, es probablemente la de mayor calado político institucional.
La otra nueva deriva de nuestra relación con los EE. UU. obviamente tiene que ver con la ejecución en puertas de las primeras extradiciones de nacionales; la de Celso Gamboa en primerísimo plano por su otrora destacado paso en la función pública y por su actual función como jefe de una importante estructura narco, según la DEA.
De ambos temas observamos las aristas jurídicas, con Marvin Carvajal, constitucionalista y Gerardo Huertas, penalista.
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