Nuestro sistema jubilatorio de Invalidez, Vejez y Muerte (CCSS) urge de intervenciones mayores, para asegurar su estabilidad y solvencia a futuro.
¿Cuáles medidas y cómo aplicarlas? Esa es la discusión nacional que volvió a colocar esta vez sobre la mesa un Proceso Nacional de Diálogo liderado por la SUPEN y que con el aporte 160 especialistas, derivó en 36 iniciativas.
El menú de opciones es variado. La que más resuena es el aumento en la cantidad de cuotas, que pasaría de 300 a 360, lo que implicaría cinco años más de trabajo y el consecuente aumento en la edad de pensión. Otra es implementar ajustes al monto de la cotización existente (menor al porcentaje de inflación) para extender su sostenibilidad.
Allí no se acaban las propuestas. Retención del 3% del IVA para una cuenta personal, una contribución especial de las zonas francas para financiar el sistema, cambiar la estrategia de inversión de los fondos para obtener más rentabilidad y una pensión básica universal de ₡85,000 que garantice un ingreso a personas adultas mayores, son otras de las alternativas.
Coincide la finalización de esta discusión y entrega de informe, que duró más de un año, con la designación del nuevo Superintendente de Pensiones, Hermes Alvarado, con quien conversamos.
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