En lo que va de este año las autoridades contabilizan más de mil incidentes por inundaciones, debido a las condiciones climáticas y lluvias extremas. Muchas ocurrieron en zonas urbanas, poniendo en riesgo la vida de las personas, con implicaciones en la salud pública, la destrucción de infraestructura y provocando daños a la naturaleza.
En días pasados en Turrialba se desalojó un centro de atención de personas adultas mayores. En Guácimo y otras localidades de Limón hubo graves atascamientos en la vía pública. En San Pedro de Montes de Oca el anegamiento frente a la Facultad de Derecho de la UCR es recurrente y el municipio informó no tener ₡5 mil millones para una solución.
Debido a las intensas lluvias de los últimos días hay reportes de diferentes problemas en Alajuela, Desamparados, Sarapiquí, Golfito, San Carlos, Río Cuarto, Bagaces y San Ramón. Las inundaciones urbanas deben ser un tema de política pública debido a sus impactos sociales, económicos y ambientales.
La incidencia en la gestión del recurso agua, la propagación de enfermedades, el costo de los daños a propiedad pública y privada con sus elevados costos, el aumento de zonas de alta vulnerabilidad en ciudades y barrios de cualquier nivel socioeconómico y los angustiantes atascos para todo tipo de transportes, son algunos de los temas asociados a un caótico crecimiento urbano.
En este caos una solución, pionera en América Latina, se acaba de poner en uso en Tibás, como una posibilidad para canalizar aguas pluviales, con el uso de tecnología y conocimiento técnico. Para poner el tema en agenda, revisar cómo avanza una propuesta de ley y visualizar posibles soluciones conversaremos con la ingeniera Mariana Rojas y el economista, Fernando Rodríguez, del proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana TEVU.
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