¿Por qué Donald Trump lleva adelante una cruzada contra los migrantes, aun contra aquellos que tienen permisos legales de permanencia en los Estados Unidos? ¿Es solo xenofobia? O hay también un complejo industrial privado de sistemas de detención que ganan millones de dólares con esa política de criminalización de migrantes?
En sus primeros 50 días de mandato, Trump logró que fueran expulsados 32.800 inmigrantes. Pero claro, a la nueva administración le parecen muy pocos.
Así que el gobierno de Washington invocó de facto la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para ampliar los poderes del Ejecutivo y así radicalizar las medidas como si se tratara de un estado de guerra por una invasión de migrantes que ponen en riesgo la seguridad del país.
En pocas palabras, Trump pretende entonces ir más allá con una política de vulneración de los derechos humanos y civiles ya en marcha y para ello ha decretado espacios de excepción donde las personas pueden ser detenidas, sin acceso a los mecanismos mínimos de protección. Costa Rica, como bien sabemos, es parte de esa política de supuesta emergencia de expulsiones.
Sin embargo, los desafíos legales, los altísimos costos de los procesos de deportación y la misma reacción de parte importante de la opinión pública estadounidense, así como el impacto de la pérdida de mano de obra imprescindible para la economía, podrían servir de salvaguarda para que la expulsión de migrantes no se convierta en una política que normalice el miedo a vivir en un país que pretende convertir una política de excepción en caso de guerra, en una política pública permanente de persecución y terror para millones de personas.
Sobre todo esto conversamos con la Dra. Sarah England, de la Universidad Soka de Estados Unidos, quien ofreció la clase inaugural del Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central de la Universidad de Costa Rica.
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