Los resultados de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral (Proeri), resultaron contundes, pues revelaron ausencia de controles en proyectos de peligro inminente, insuficiencia de controles de previo a la ejecución de las obras y debilidades en el portafolio de las inversiones que componen ese programa.
El denominado “Proeri” incluye 502 obras que se financian con un préstamo de $700 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y con el que se pretenden intervenir obras afectadas por emergencias naturales que son ejecutadas por el Incofer, los ministerios de Educación y Vivienda, el Conavi y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
El informe señala 56 proyectos con inconsistencias, 41 con retraso y 44 obras viales, de las cuales 19 no ameritaban intervención y 25 no resultaron prioritarias.
Estos hallazgos vuelven a traer a debate la conveniencia (o no) de acudir a contrataciones de emergencia para ejecutar proyectos ordinarios y desviar así los controles establecidos en la legislación de contratación pública.
Mientras la Contraloría hizo su parte, la Fiscalía de Probidad del Ministerio Público actúo por la suya y decomisó el acta de la sesión legislativa en la que el presidente de la CNE, Alejandro Picado, aseguró que varias empresas se habían coludido para establecer sobreprecios en la construcción de cinco escuelas. Luego, cuando se produjo la incautación del acta, se desdijo de lo que había afirmado bajo fe de juramento.
Para detallar los hallazgos de la Contraloría conversaremos con sus Gerentes de Fiscalización de Desarrollo Sostenible y asociado de Contratación Pública, Lía Barrantes y Fernando Madrigal, respectivamente.
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