La postergada emisión de un decreto (norma técnica) para garantizar a las mujeres el derecho a la aplicación del aborto terapéutico en casos calificados, es una muestra de la polarización social que se refleja en la gestión política y que, de una manera u otra, torna en extremo compleja la relación entre poderes afectando incluso acuerdos políticos de otros temas también sustantivos.
Y es que a diferencia del cuatrienio anterior en el que fue imposible concretar soluciones entre el Legislativo y el Ejecutivo para avanzar en temas de fortalecimiento de finanzas y gasto público, en lo que va de la actual legislatura el sistema político logró dar importantes pasos de gestión y negociación con la aprobación de la reforma fiscal.
Pero la vida en sociedad es muy dinámica y se requieren acuerdos de manera permanente para seguir avanzando. Particularmente son urgentes más proyectos de consolidación económica (algunos de los cuales requerirán de mayoría calificada) y eso pareciera harto difícil de alcanzar cuando temas como la norma de aborto terapéutico entran a formar parte de las negociaciones o dicho de otra forma, de las precondiciones.
Conversamos con Stefan Gómez Coordinador del Capítulo de Fortalecimiento de la Democracia del Estado de la Nación.
