Por su naturaleza, es una de las entidades más delicadas de una democracia. Hurga en las turbulentas aguas sucias del delito y la violencia. Desde los dolorosos casos de femicidio y agresión infantil, hasta las muy diversas facetas del crimen organizado, sin dejar de lado los muy presentes delitos de cuello blanco y la guerra de las carreteras que cobra víctimas todos los días.
El OIJ está presente en la vida cotidiana de una sociedad que, como todas, se enfrenta a la transnacionalización del delito, tanto como a la tradicional delincuencia común. Y esta sociedad se lo reconoce.
El Organismo de Investigación Judicial ocupa el primer lugar del Índice de Transparencia del Sector Público, sobre otras 70 instituciones. Esta evaluación de la Defensoría de los Habitantes, la Universidad de Costa Rica y el Centro de Investigación y Capacitación en la Administración Pública, concibe la transparencia en un sentido amplio de acceso a la información, pero además considera en su medición la rendición de cuentas, la participación ciudadana y los procedimientos de gobierno abierto empleados. El OIJ también resultó muy bien catalogado en la encuesta de marzo pasado del Centro de Investigaciones Políticas (CIEP) de la UCR, en la que sólo fue superado en la valoración positiva de la ciudadanía por las universidades estatales y el Tribunal Supremo de Elecciones.
Estos datos nos permiten dimensionar el protagonismo sobrio que sus acciones han adquirido en una época en la que las instituciones son críticamente observadas y particularmente en la coyuntura de este 2017 en que, como órgano adscrito al Poder Judicial y brazo investigador de la política criminal del Ministerio Público, ha debido además, enfrentar decisiones controvertidas a lo interno, pero con fuerte eco externo y por tanto, con foco político y mediático inevitable.
Para dimensionar su labor conversamos con su Director, don Walter Espinoza en Hablando Claro.
