Una cosa está clara: en la lucha por restaurar el planeta de los devastadores efectos del cambio climático, lo único que no puede hacer la civilización humana es abdicar. Y en esa gigantesca batalla, cada estado, cada conglomerado social, tiene un papel que cumplir en la trinchera que le corresponde.

Las medidas anunciadas para mantener limitaciones a la circulación vehicular de fin de semana y nocturna, así como el establecimiento del requisito de ingreso a varias actividades recreativas y de entretenimiento a partir del 1 de diciembre, y el previo anuncio de vacunación obligatoria para empleados públicos, han generado no solo un aluvión de críticas con su consecuente chaparrón de insultos ya comunes. No. También un ejército de abogados comandados en algún caso por un político, alistan recursos legales y hasta refuerzan estrategias electorales contra las decisiones del Ejecutivo.

A falta de dos semanas para que concluya el actual período de ordinarias -en el que tienen control de sus iniciativas- los diputados aceleran el paso limpiando una amplia agenda de pequeños proyectos de ley. Necesarios, sí. Pero la mayoría, pequeños. Es decir, de poca o limitada envergadura. En el argot parlamentario, históricamente estos proyectos se han conocido como “chayotes”. Al paquete actual, se le ha endilgado el mote de “olla de carne”.

Son tiempos complejos. Y no porque nos haya sobrevenido lo impensable, lo inimaginable que pudo haber resultado hace unos meses una pandemia, hasta para el más avezado en la ciencia ficción. No. Los tiempos ya corrían inciertos y difíciles antes del virus.

El salario mínimo es un obstáculo para la generación de empleo, se decía con frecuencia mucho antes de que pandemia y tecnología se mezclaran como un cóctel contra el modelo de trabajos que primó por décadas. Y se dice ahora también, contrario a lo que mostró el economista canadiense David Card, que acaba de ser reconocido con el Premio Nobel de Economía 2021.

Cuando hablamos de las áreas donde tenemos rezagos enormes necesariamente tenemos que incluir al transporte público, que en nuestro país casi se reduce al servicio de autobuses.