Los precios regulados de productos esenciales como el arroz y el azúcar, así como los esquemas de comercialización de los frijoles, medicamentos y hasta la contratación de bienes y servicios que hacen las instituciones públicas, inciden de tal modo en el costo de vida que si se ajustaran de acuerdo con las normas internacionales de promoción y defensa de la competencia, podrían reducir la pobreza en el país. No es una exageración. Tampoco se trata de un descubrimiento. Esto siempre se ha sabido. Pero los proteccionismos y la falta de transparencia obstaculizan siempre cualquier intento de cambiar el statu quo.
Incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) insiste invariablemente que Costa Rica es un país sumamente caro precisamente por falta de competencia y ello afecta a los más pobres que son los que tienen que dedicar una mayor parte de su presupuesto a adquirir los bienes regulados.
En un informe reciente la OCDE advirtió que las regulaciones en Costa Rica son tan restrictivas que sólo Turquía nos supera, aunque otros países del continente como México, Brasil y Argentina también tienen esquemas proteccionistas nocivos.
¿Cómo mejorar la regulación de competencia siendo que éste es un tema de político tan grueso? ¿Cuánto nos beneficiaría en tiempos de crisis económica avanzar en ésta materia pendiente?
Conversamos con el Dr. Mario Umaña Especialista Líder de Comercio y Competencia del Banco Interamericano de Desarrollo y el Dr. David Solano Ex Presidente de la Comisión de Promoción para la Competencia de Costa Rica.
