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Por: Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR) 



Foto extraída de nota de prensa vtitulada "Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno", La Prensa Gráfica, edición del 21/04/2018

Según diversos cables internacionales (véase por ejemplo nota de France 24), Nicaragua ha optado por "expulsar" a los integrantes de la Misión de Naciones Unidas instalada en Managua este Viernes 31 de agosto, otorgándoles - según algunos medios de prensa - un plazo de pocas horas para abandonar el territorio nicaragüense. Las reacciones en Nicaragua no se han hecho esperar, como estas declaraciones del ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz (véase nota de prensa).

Breve puesta en contexto


Esta inédita decisión se toma 48 horas después de haberse hecho público en Nicaragua un informe sobre la situación imperante en materia de derechos humanos por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). Sobre el contenido de este informe de 47 páginas, que pareciera haber motivado la decisión de las autoridades de Nicaragua, remitimos al lector a nuestra nota al respecto. En este documento oficial de 33 páginas, con fecha del 26 de agosto del 2018, Nicaragua hizo ver su profunda inconformidad con respecto al contenido de este informe (que le fue remitido antes de hacerlo público), indicando en sus conclusiones finales que: "En base a todo lo planteado, manifestamos nuestro desacuerdo y rechazo al denominado informe de la OACNUDH por considerar que el mismo es improcedente al extralimitarse, teniendo en cuenta que el OACNUDH fue invitado para el acompañamiento de la Comisión de Verificación y Seguridad creada en la Mesa del Diálogo Nacional" (página 31).

Las razones aludidas por Nicaragua


En esta nota de prensa se reproduce la carta oficial del jefe de la diplomacia nicaragüense enviada el 30 de agosto a los funcionarios de Naciones Unidas, en la que se puede leer que: "Por lo tanto, considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita a partir de hoy, 30 de agosto de 2018".

La última expulsión de funcionarios de Naciones Unidas en materia de derechos humanos se dio, salvo error de nuestra parte, en el 2016 en un contexto muy distinto, a raíz de una decisión de las autoridades de Yemen (véase nota de prensa).

A modo de conclusión: posibles efectos de esta decisión


El informe hecho público este 29 de agosto en Nicaragua fue canalizado, según el Jefe de la Misión de Naciones Unidas en Nicaragua sobre Derechos Humanos, a los quince integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: estos podrían agendar una reunión para discutir la situación en Nicaragua y las medidas a tomar al respecto.

Tratándose de una reunión del máximo órgano político de Naciones Unidas, la reciente decisión adoptada por las autoridades en Managua, objeto de una amplia cobertura en medios de prensa internacionales, podría llevar a adelantar la fecha de esta cita en Nueva York; e incluso, empezar a interesar a otros órganos de Naciones Unidas sobre lo que ocurre en Nicaragua: el Consejo de Derechos Humanos y tal vez también la Asamblea General de Naciones Unidas, pronta a celebrar su sesión anual en Nueva York.

En otro ámbito, desde España se informó este 31 que la Unión Europea (UE) suspendió su programa de cooperación en materia policial con Nicaragua (véase nota de prensa de ElPais).

En Costa Rica, la situación en Nicaragua es observada con suma preocupación: el flujo masivo de nicaragüenses a Costa Rica desde que inició la crisis en Nicaragua (el pasado 18 de abril) dio lugar a una marcha xenófoba el 18 de agosto, la cual fue repudiada por las autoridades y por diversos sectores de la sociedad costarricense: remitimos al lector a nuestra nota publicada en el sitio jurídico de DerechoalDia sobre algunas lagunas detectadas en materia de lucha contra la xenofobia y la incitación al odio en Costa Rica, pese a advertencias hechas en el pasado.

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