Verdad de perogrullo; este 2017 tiene a prueba la estabilidad del Poder Judicial y una parte significativa de su crisis se ventila en el Poder Legislativo donde no solo tiene eco diario un complejo entramado de tráfico de influencias, sino también la pendiente y urgente decisión para sacar a flote el régimen especial de las pensiones judiciales, que acusa un inmenso déficit de ₡5.3 billones.
La reforma, que generó este año una huelga que derivó en sanción social por la vulneración de derechos fundamentales, constituye un desafío de consenso político y prueba de ello es que la semana pasada dividió a las bancadas de Acción Ciudadana y Liberación Nacional.
Los diputados de gobierno acusan a los verdiblancos de cambiar su postura habitual con tal de defender un acuerdo hecho por su candidato presidencial Antonio Alvarez, que se traduciría en un debilitamiento de los controles en la administración de ese fondo de pensiones.
En respuesta, los opositores más bien señalan al PAC de obstaculizar la reforma solo para favorecer a 110 pensionados de lujo. El impasse, no obstante y vistas las dificultades iniciales para articular un proyecto viable, pareciera posible de salvar.
De estos asuntos hacemos repaso con la mirada experimentada de la legisladora liberacionista Sandra Piszk ex Defensora de los Habitantes y ex Ministra de Trabajo y Seguridad Social.
